Sólo en la Comunidad de Madrid, las siete clínicas acreditadas acumulan un retraso de 2,5 millones de euros por los abortos que han practicado a pacientes derivadas de la sanidad pública. Ante esta situación, se plantean un paro el próximo 15 de septiembre si no reciben el pago que compete a la Consejería de Sanidad.