Las dos clínicas acreditadas para prestar servicio público de interrupción voluntaria de embarazos en la comunidad han acumulado con el Gobierno de Aragón una deuda que supera los 800.000 euros. De ahí su decisión de interrumpir las intervenciones hasta que la Administración ofrezca una solución, que podría pasar por prestar servicio público con medios propios o bien derivando a las pacientes a clínicas de comunidades autónomas limítrofes.