Así lo ha anunciado Juan José Bestard, que dirige el organismo de la sanidad pública balear IBSalut, aludiendo “razones económicas” y tras anular el acuerdo con las clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con esta medida, serán las propias pacientes quienes deberán abonar la intervención y esperar el reembolso por parte de la sanidad pública balear.